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miércoles, 15 de febrero de 2012

Bejís aprueba otro blindaje contra la mina con un nuevo informe ambiental

Bejís ha aprobado un nuevo informe técnico en el que se confirma que la protección de su término, y en consecuencia la elaboración de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), era correcto, lo que marca un nuevo blindaje contra la pretensión de una empresa de ejecutar una mina de arcillas en la localidad.

Así lo explicaba la alcaldesa, la popular Herminia Palomar, quien señalaba que el pasado 2 de febrero se aprobó en el pleno un nuevo informe técnico «que avala la protección de nuestra localidad y que el PGOU está bien redactado por proteger el espacio del municipio y evitar, de esta manera, la instalación de la actividad minera».

Un conflicto que se lleva arrastrando en la localidad desde hace años y que ahora el Ayuntamiento trata una vez más de resolver. Y es que el PGOU marca que la zona cercana al río Canales está protegida paisajisticamente.

Sin embargo, un recurso de la empresa Eurominerales Cerámicos S.L. sobre este plan general ante el TSJ ha obligado al Ayuntamiento a aprobar un nuevo estudio en el que se demuestre el valor paisajístico, arquitectónico y patrimonial de la zona afectada.

Con el informe ya aprobado, ahora están los 30 días de exposición al público para resolver las posibles alegaciones, para luego enviar el nuevo informe a la Conselleria de Infraestructuras y al TSJ.

«Se trata de demostrar con informes técnicos objetivos la realidad que estamos defendiendo desde hace años: que la actividad minera acabaría por afectar al entorno», señala Palomar, quien lleva desde 2000 luchando por evitar la actividad de la empresa en la localidad.

De hecho, uno de los argumentos más utilizados es que el turismo es la única salida de este pequeño municipio (junto a la planta embotelladora) y la instalación de la mina de extracción de arcillas acabaría con estos recursos municipales, a juicio de la alcaldesa.

Ahora mismo, con la aprobación del nuevo informe se pretende blindar una vez más al municipio e impedir la actividad de la empresa, quien lucha a su vez por defender sus intereses.


Fuente: lasprovincias.es